La retórica de la eficiencia
En su célebre formulación de 1975, Samuel Johnson advirtió que el patriotismo suele ser el último refugio de los bribones. No obstante, la historia política del siglo XX demuestra que dicho refugio se ha expandido para incorporar una jerga tecnocrática más refinada: el lenguaje del nacionalismo, la eficiencia administrativa, la modernización del Estado y la austeridad presupuestal. Cuando las decisiones públicas se despojan de la responsabilidad ética y del bienestar social, la retórica técnica deja de ser un instrumento de gestión para convertirse en una cobertura ideológica bajo la cual se transfieren bienes públicos, se compromete la soberanía alimentaria y se vulnera la salud de los sectores más desprotegidos.
Pocas trayectorias dentro del México contemporáneo ilustran esta dinámica con mayor precisión documental que la de Raúl Salinas de Gortari en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) entre 1979 y 1992. La revisión de los hechos legal e históricamente asentados sobre la gestión de esta paraestatal pone de manifiesto cómo las políticas presentadas bajo los imperativos de la modernización tecnológica y el ahorro fiscal derivaron en la desarticulación de sectores agrícolas estratégicos y en la distribución de insumos tóxicos entre la población de menores recursos.
I. La "austeridad" y el episodio de la leche contaminada (1986-1988)
A raíz del accidente nuclear de Chernóbil en abril de 1986, la radiación residual —principalmente Cesio-137 y Estroncio-90— contaminó la producción agrícola y láctea de diversos países europeos, entre ellos la República de Irlanda. Mientras diversas naciones rechazaron los cargamentos lácteos que superaban los límites de seguridad radiológica fijados por la Organización Mundial de la Salud, la administración pública mexicana, a través de CONASUPO y su filial Liconsa, concretó la compra de aproximadamente 40,000 toneladas de leche en polvo contaminada a precio de remate, justificando la transacción en criterios de contención de gasto y austeridad financiera.
El hallazgo de la contaminación no provino de los mecanismos ordinarios de control sanitario, sino de las observaciones del Vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, entonces Jefe del Estado Mayor de la Tercera Zona Naval en Veracruz. En 1987, tras detectar brotes gastrointestinales anómalos entre el personal militar abastecido con dicho producto en la base de Las Bajadas, Rodríguez Gordillo remitió muestras al laboratorio de la Central Nuclear de Laguna Verde. La prueba realizada por el físico Miguel Ángel Valdovinos confirmó niveles de radiactividad que multiplicaban los rangos tolerables para consumo humano.
La respuesta institucional ante el hallazgo evidencia la prioridad del aparato estatal por encima de la protección ciudadana:
1. En lugar de activar una alerta sanitaria pública, la Secretaría de Marina sometería al Vicealmirante a un proceso penal militar por presunta difamación y rebelión, reubicándolo administrativamente en la Isla Socorro.
2. El físico Miguel Ángel Valdovinos fue removido de su cargo en la planta nuclear.
3. A pesar de las solicitudes formales de devolución, investigaciones y auditorías legislativas posteriores documentaron la reintroducción de partidas del lácteo por puertos nacionales para su posterior distribución comercial y asistencial en los sectores de mayor marginalidad del país.
El argumento técnico del ahorro presupuestal transformó un desecho industrial internacional en un bien distribuido a través de la red de abasto social del Estado, desestimando las advertencias científicas en nombre de la eficiencia económica.
II. La "modernización" como pretexto: La desarticulación del nixtamal tradicional
Paralelamente al caso lácteo, la gestión de los granos básicos por parte de CONASUPO funcionó como el vehículo para la reestructuración del mercado de la tortilla en México. Históricamente, el sistema nacional se asentaba en una red descentralizada de más de 20,000 molinos nixtamalizadores que procesaban grano entero fresco para abastecer a la población.
En documentos internos de planificación elaborados bajo la gestión de Raúl Salinas de Gortari en CONASUPO, la institución diagnosticó el proceso tradicional de nixtamalización como un esquema "rudimentario, ineficiente y poco cuidadoso", determinando que la política pública debía sustituir gradualmente la masa fresca por harina industrializada de maíz.
Esta retórica de la modernización técnica se tradujo en acciones administrativas concretas:
1. Transferencia de capacidad estatal: En 1986, el Estado conservaba el 42.4 % de la capacidad de producción de harina nixtamalizada, mientras que la empresa privada Maseca poseía el 57.6 %. En 1990, CONASUPO enajenó de forma directa —al margen del grupo privatizador de la Secretaría de Hacienda— la planta procesadora de Atlacomulco, la más moderna de la red pública. Las auditorías del Congreso de la Unión en el sexenio posterior concluyeron la intervención decisiva de la alta gerencia de CONASUPO en dicha venta a precio preferencial.
2. Consolidación del duopolio industrial: Hacia 1992, la participación de mercado de Maseca ascendió al 65.5 %, en tanto que la oferta estatal se redujo al 27.6 %, sentando las bases del duopolio Maseca-Minsa (Gruma), posteriormente sujeto a investigación por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) debido a prácticas relativas en la fijación de precios de la harina.
3. Pérdida de soberanía alimentaria: La transición forzada de la masa de nixtamal a la harina industrializada no solo alteró la calidad nutricional del alimento básico nacional, sino que aceleró la dependencia de las importaciones de maíz amarillo, generando una brecha económica donde el precio al consumidor final aumentó mientras el pago al productor rural se mantuvo estancado.
III. Conclusión
El concepto periodístico de "el hermano incómodo" surgió de la cobertura realizada por Vicente Leñero en la portada de la revista Proceso (No. 942, noviembre de 1994), bajo la dirección de Julio Scherer García. La categoría buscaba sintetizar el papel de las estructuras familiares paralelas en el ejercicio del poder público.
Tras la detención de Raúl Salinas en 1995 y las investigaciones conducentes al aseguramiento de más de 110 millones de dólares en instituciones bancarias europeas (como la Banque Pictet en Suiza), quedó al descubierto la inconsistencia entre el tabulador salarial de un servidor público de CONASUPO y el volumen de capital acumulado. Aunque los litigios posteriores en materia de enriquecimiento ilícito culminaron en resoluciones judiciales de exoneración o devolución de bienes por vacíos procesales, los informes de auditoría del Congreso y las actas administrativas dejaron asentadas las irregularidades en las licitaciones de granos y en la adjudicación de contratos públicos durante su encargo.
El análisis histórico de la gestión de Raúl Salinas de Gortari en CONASUPO confirma la validez de la tesis planteada: el lenguaje del nacionalismo, la eficiencia administrativa y la austeridad fiscal son con frecuencia instrumentalizado para justificar el desmantelamiento del patrimonio público y la marginación de las necesidades sociales más elementales.
La importación de lácteos contaminados bajo el pretexto del menor costo y la desestructuración de la industria tradicional del nixtamal en favor de monopolios privados no constituyeron errores técnicos fortuitos, sino el resultado lógico de una política donde la eficiencia se midió en función de la rentabilidad privada y el rigor fiscal sirvió para encubrir la omisión de la responsabilidad estatal. El archivo histórico demuestra que las peores afrentas al interés público raramente se anuncian con cinismo; se firman en decretos que prometen modernidad, ahorro y progreso.
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